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NUEVA HOJA DE RUTA

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este jueves a la “estrategia española de política económica” que incluye un total de 43 nuevas leyes y reformas estructurales que se presentarán en las Cortes en los próximos meses, entre las que destaca la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con la que el Ejecutivo quiere ahorrar 3.500 millones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado también el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que con este plan de reformas se da cumplimiento a las “recomendaciones especificas” de los Consejos Europeos y de las “obligaciones” que tenía España como consecuencia de estar incursos en un procedimiento de déficit excesivo. “Cumplimos un programa económico pero también cumplimos con un compromiso con nuestros socios europeos”, ha advertido.

Sáenz de Santamaría ha indicado que con estas 43 nuevas leyes y propuestas se pretende “mejorar la competitividad y crear empleo”. “Por tanto es la hoja de ruta de este Gobierno para, en el plazo de estos seis meses, poner en marcha reformas clave de nuestra economía para crecer y crear empleo”, ha dicho.

La reforma de la Administración Local pretende delimitar las competencias municipales, evitar duplicidades y suprimir estructuras administrativas redundantes (entidades locales menores y mancomunidades), cuyo proyecto de ley se aprobará antes de que acabe el año, según ha confirmado el ministro de Economía y Hacienda, Luis de Guindos.

También antes de que finalice 2012 el Gobierno impulsará la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral para “reducir” el número de miembros de los gobiernos locales, así como homologar las remuneraciones de los alcaldes, estableciendo un baremo en la Ley de Presupuestos.

De Guindos ha explicado que el plan de reformas incluye también medidas para “vigilar” los planes de ajuste de las comunidades tendentes a la reducción de gasto de personal subvenciones, subsidios o transferencias, así como lo relativo a la reducción de empresas y fundaciones públicas.

Así, el Gobierno considera que las CCAA deberán reducir las estructuras y gastos asumidas en los planes económico-financieros, con una rebaja del gasto corriente en casi 9.500 millones, con la disminución de más de 3.600 millones en gastos de personal, la reducción de subvenciones y transferencias o la reprogramación de inversiones.

En el paquete de medidas para estos meses figuran el plan de emprendedores; la ley de unidad de mercado; la reforma energética; la Ley de medidas en el ámbito del ejercicio profesional; la nueva Ley de Telecomunicaciones; Ley de supervisión de los seguros privados; la reforma de la Ley de ordenación de los transportes terrestres; la creación de una Comisión Nacional de Mercados y la Competencia; y la puesta en marcha de un programa de calidad y simplificación normativa.

En el marco laboral, el Ejecutivo pretende impulsar la formación profesional, abordar una estrategia de empleo y emprendimiento joven, reformar el calendario laboral, llevar a cabo un impulso a la colaboración público-privada y evaluar las políticas activas de empleo, según figura en el documento que el Gobierno ha difundido tras al Consejo de Ministros.

Dentro del ámbito de la Justicia, avanza como próximas medidas la revisión de tasas judiciales, una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria; una nueva Ley del Registro Civil; el refuerzo de las garantías en la asistencia jurídica; y la reforma del Código Penal presentada por el Gobierno hace un par de semanas.

En el capítulo de las pensiones, incluye medidas como “la regulación delfactor de sostenibilidad como garantía de su viabilidad, que se presentará en el Pacto de Toledo; una modificación de la regulación de lajubilación anticipada y de la jubilación parcial para hacer efectiva la edad legal de jubilación; y una reforma de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En materia educativa, aparte de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, añade la reforma de la formación profesional y la aprobación del Estatuto del profesorado no universitario. Además, impulsará la creación de la Agencia Estatal para la Investigación y una nueva planificación de las estrategias españolas de Ciencia y Tecnología, y de Innovación.

Para apoyar la internacionalización y el sector exterior, el Gobierno va a crear una Agencia de Internacionalización (SECEX) con el objetivo de aprovechar las sinergias de los distintos instrumentos públicos para facilitar las exportaciones públicas y la captación de inversión extranjera productiva.

El ministro de Economía ha señalado que el objetivo de este paquete de medidas se pretende “corregir los desequilibrios” de la economía española y “sentar las bases de la recuperación” para el futuro y “fomentar el crecimiento económico”. Además, ha subrayado que el documento elaborado por el Gobierno recoge “todas aquellas recomendaciones” que había realizado el Consejo Europeo.

“Pero estas medidas adoptadas van allá de las recomendaciones del semestre europeo y, en última instancia, ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno español con las reformas económicas, el crecimiento de la competitividad y el crecimiento potencial de nuestra economía a medio y largo plazo”, ha enfatizado.

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EL NUEVO IVA. TAMBIÉN EN HUESCA.

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SUBIDA DEL IVA.

El tipo general del IVA subirá del 18% al 21% mientras que el reducido subirá del 8 al 10%. El tipo super reducido de bienes de primera necesidad se quedará en el 4%.

La recaudación adicional que se produzca en 2012 con la subida del impuesto irá a parar al Estado, mientras que en los dos años siguientes se reparte al 50% con las comunidades en virtud de la ley de financiación autonómica, según ha detallado el Gobierno.

Además, se suprimirá la deducción por vivienda habitual a partir del año que viene, que el Gobierno volvió a instaurar el pasado mes de diciembre. La medida se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2013.

Como contrapartida, se reduce la imposición sobre el empleo. Así, se procede a bajar un punto las cotizaciones sociales a las empresas en 2013 y otro punto adicional en 2014.

Se realizará también una reforma de la tributación medioambiental, impulsando en el sistema impositivo el principio de que “quien contamina, paga”, al tiempo que se contemplará la subida de la imposición del tabaco.

Adicionalmente se realizarán modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

Las medidas, que habían sido solicitadas por la Comisión Europea, se aprobarán este viernes en el Consejo de Ministros por medio de un real decreto, por lo que entrarán en vigor ya el próximo lunes. Más tarde, el 25 de julio, se tramitarán en el Congreso.

Con ésta medida España sube 14 puestos en el ranking de países de la UE con más IVA.

Fuente: elmundo.es

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DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL

 

Entre las novedades fiscales introducidas por el actual gobierno, se recupera la deducción por inversión en vivienda habitual con carácter retroactivo, quedando así suprimida la limitación que establecía que para beneficiarse de esta deducción era imprescindible que la base imponible del contribuyente fuese inferior a 24.107,20 Euros.

 

” Actualmente, con independencia de la base imponible de cada contribuyente, con carácter general se podrán deducir un 15% de las cantidades pagadas en el año impositivo (incluye las cuotas de la hipoteca, tanto el capital amortizado como los intereses) por adquisición, construcción, ampliación o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuente. Lo anterior, con un límite de 9.040 Euros, lo que supone un importe máximo de 1.356 Euros anuales.

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La reforma laboral resumida en 20 puntos. Por CH.Preciado. (Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de lo Social)

Podemos resumir la reforma en los 20 puntos siguientes:

 

1) Se permite que las ETT actúen como agencias de colocación, en un paso más hacia el comercio con el infortunio que supone el desempleo.

 

2) Se modifica el contrato de formación y aprendizaje que se precariza en muchos aspectos y en el que se podrá permanecer hasta los 30 años, al menos hasta que la tasa de desempleo no descienda por debajo del 15%.

 

3) Se dota a las empresas de poder sobre la acreditación de la formación de los trabajadores, controlando hasta la obsesión lo que llaman “cuenta de formación”, incrementando el control sobre los trabajadores y el poder empresarial.

 

4) Se multiplican por doquier las bonificaciones de los contratos precarios, reduciendo alarmantemente los ingresos de la Seguridad Social, se supone que para continuar desballestándola, como ya se hizo en la reforma de la Seguridad Social operada por la Ley 27/2011, bajo el gobierno socialista.

 

5) Se crea un contrato “por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores”, con un período de prueba de un año, lo cuál significa el despido libre y gratis durante el primer año de relación laboral, por supuesto bonificando cuotas y con incentivos fiscales (los famosos 3.000 euros)

Se establece el comercio con la prestación de desempleo, pues el empresario que contrate a un parado en ciertas condiciones tiene una deducción fiscal del 50% de la prestación por desempleo y el parado puede compatibilizar parte de la prestación con el trabajo. El contrato se puede utilizar incluso si ha habido despidos improcedentes en los últimos 6 meses siempre que sean de otro grupo profesional

 

6) Se introduce la posibilidad de hacer horas extras en los contratos a tiempo parcial, aumentando la flexibilidad de los “mini jobs”, y teniendo trabajadores a la carta, y sin posibilidad de que compatibilicen el trabajo precario con otro, debido a la alta disponibilidad que tales trabajos comportarán.

 

7) Se crea el contrato “a distancia”, y se puede asignar a los trabajadores a gusto del empresario a cualquier centro, manipulando así la base electoral de las elecciones sindicales a placer.

 

8) Se suprimen las categorías profesionales siendo la movilidad funcional casi ilimitada. Ahora todo el mundo podrá hacer casi de todo.

 

9) El empresario puede distribuir el 5% de la jornada a su gusto, sin negociar.

 

10) La movilidad geográfica se puede hacer con muchísima más facilidad, al desdibujar las causas que la justifican, que son meramente razones de competitividad, productividad u organización

 

11) Se facilita hasta la pura discrecionalidad la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al igual que la modalidad geográfica

 

12) Del descuelgue salarial se pasa al descuelgue de casi todo el convenio, perdiendo virtualidad la vinculación de los Convenios Colectivos, consagrada en el art. 37 de la Constitución y afectándose gravemente a la ultra actividad de los Convenios. Se prima el convenio de empresa, donde las representaciones de los trabajadores y el poder sindical es más débil. Si transcurridos dos años de la denuncia no se firma otro convenio, se aplica el superior. 

 

13) El empresario no precisa autorización administrativa para: despedir, suspender el contrato, reducir la jornada de una gran parte de la plantilla (medidas colectivas). Desaparecen los ERE y ahora quien decide es simplemente el empresario.

 

14) Desaparece la justificación de las causas de despido objetivo, ahora se necesita la mera causa, sin que sea justa para despedir, reducir jornada o suspender contratos. Con la definición de las causas económicas, técnicas u organizativas se prescinde del fin o la razonabilidad, simplemente es necesario que concurran. Es decir se puede despedir aunque ello no sea ni mínimamente razonable para alcanzar un fin constitucional legítimo como el mantenimiento de la viabilidad de la empresa o el nivel de empleo. Por ejemplo, bastan dos trimestres de descenso del nivel de ventas para despedir al 10% de la plantilla en empresas con más de 100 trabajadores. 

 

15) Aunque el absentismo en la empresa sea del 0% se puede despedir por estar enfermo, faltando, por ejemplo, 8 días en dos meses de forma justificada por enfermedad común.

 

16) Se reduce la indemnización por despido improcedente de 45 días/año con un máximo de 42 mensualidades a 33 días/año con un máximo de 24.

 

17) Se suprimen los salarios de tramitación salvo en los casos de opción por readmisión, debiendo soportar el trabajador el coste del tiempo que tarde en dictarse sentencia, con lo que se desincentiva el ejercicio de acciones y se abarata más aún el despido, incentivando, además que no se readmita al trabajador. Ello, unido a la ya existente saturación de los Juzgados de lo Social, que funcionaban razonablemente bien, pero que con la crisis han sufrido un auténtico colapso, supondrá que las demandas y el coste de la demora en la resolución las asumirá la parte más débil: el trabajador o la trabajadora.

 

 

18) Se prevé la posibilidad de despedir trabajadores fijos de la Administración Pública, incluso aunque hayan accedido por oposición, por la mera concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

 

19) Se mercantilizan aún más los servicios públicos y se pretende que el ajuste de los déficits derivados de la impuesta estabilidad presupuestaria se haga con reducciones de plantilla, sin importar el motivo de tales déficits (por ejemplo, despilfarro o malversación).

 

20) Como único punto positivo, se limitan las indemnizaciones de los directivos de entidades de crédito que están intervenidas o participadas por el FROB. Algo que se aborda 4 años después de iniciarse la crisis y habiéndose gastados más de 9.000 millones de euros de dinero público en reflotar entidades con directivos que siguen cobrando sueldos millonarios por su “excelente” gestión.

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EL NEGOCIO DE LOS BANCOS por Michael R. Krätke

Poco antes de Navidades, los bancos se encontraron con el “ahora te toca a tí”: el Banco Central Europeo (BCE) ha ofrecido un marco crediticio completamente nuevo: la gigantesca suma de casi medio billón de euros, a tres años y un interés tan bajo –un uno por ciento, el actual tipo de interés oficial del banco central–, que parece sacado de un cuento de hadas. Y los clientes se sirven ávidos, entre otras cosas porque el BCE acepta prácticamente todos los empréstitos de los países de la eurozona como garantías. Los negocios bancarios son fluidos, pero eso ayuda poco. El comercio interbancario sigue estancándose porque los bancos no se fían los unos de los otros mientras avanzan por este camino, así que no puede hablarse de un boom en los créditos de inversión.

¿Adónde fue el dinero? Algunos bancos han comprado bonos públicos, España e Italia pueden colocar con éxito sus títulos de deuda de dos a cinco años, pero la mayoría de bancos quieren poner su dinero de inmediato en las cajas fuertes del BCE. Y esas cajas fuertes rebosan: más de 450 mil millones de euros descansan ya en ellas. Los bancos nadan en dinero y son, como siempre, histéricos acreedores del estado. Puede verse como si hubiera sido favorable para el BCE comprar bonos públicos de los países que atraviesan problemas económicos y embolsarse con ello los intereses. Pero el gobierno alemán lo rechaza, porque un procedimiento así supuestamente socava la disciplina presupuestaria.

Con el antiguo Presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, se compraron abiertamente en los mercados secundarios bonos soberanos por un valor total de 300 mil millones de euros. Con su sucesor, Mario Draghi, sucede todo lo contrario: a los bancos privados se les inyecta dinero barato para que sigan comprando los bonos del tesoro de los países de la zona euro, refinanciándolos y enriqueciéndose en el proceso. Por desgracia el BCE pierde así dinero e influencia. De adquirir directamente los bonos, de los intereses se beneficiarían los países miembros. Una venta así, o créditos directos del BCE a países como Grecia, Portugal o España, podrían además estar vinculados a una demanda, completamente razonable, de impulsar una restructuración de las débiles economías del sur en lugar de recetarles un ahorro a cualquier precio.

Por desgracia el gobierno de Merkel bloquea esta opción debido a una mezcla de ignorancia y de arrogancia. En vez de unos eurobonos relativamente baratos, en vez de una venta relativamente eficaz de bonos de los países en crisis, en vez de créditos efectivos de los bancos centrales (tanto da si del BCE o de uno de los bancos revalorizados por las medidas de rescate), se toman desvíos y caminos ocultos. ¿Por qué? No para otra cosa que para rescatar a los bancos europeos, que en el 2012 se enfrentarán a una exigencia de refinanciación tan elevada como la que tienen como los países en crisis de la zona euro.

Con gusto

Los cínicos observarán que los alemanes pueden permitirse perder dinero con esta crisis financiera. Al fin y al cabo se han aprovechado hasta la fecha como pocos de la erosión del euro, y no en poca medida. Es más: cuanto más se demore una solución a la crisis, tanto mejor para el fisco alemán. Wolfgang Schäuble puede endeudarse tan barato como ningún otro ministro de Finanzas antes de él pudo hacerlo: los últimos bonos del estado alemán en diciembre y enero se vendieron a 3’8 y 1’8 veces su valor respectivamente. Los inversores toman con agrado los bonos federales e incluso se permiten beneficios negativos sólo para poder prestar dinero al estado alemán. El gobierno federal se ahorra así un mes tras otro miles de millones en impuestos.

No hay que olvidar que cuanto más y durante más tiempo decaiga el valor del euro, mejor para las exportaciones alemanas. El estado alemán gana además miles de millones con los créditos del rescate a Grecia, Irlanda y Portugal. Y con todo, muchos alemanes creen aún que son los maestros pagadores de la crisis y siguen a su gobierno, que agitando el sempiterno fantasma de la inflación intenta evitar que el BCE juegue en la crisis su papel de banco de crédito de último recurso.

De hecho, este banco central se ha alejado desde mayo de 2010 crecientemente del modelo del Bundesbank a partir del cual se construyó. La sagrada estabilidad de precios ya no gobierna en solitario, pero el cambio hacia una política monetaria y de deuda pragmática y a la medida de la situación de la crisis en Europa aún no se ha alcanzado, toda vez que se arrastra a todos los demás a los antediluvianos conceptos de disciplina presupuestaria y de ahorro y con ello se prolonga la crisis. A pesar de toda la marea de dinero, el discurso en la zona euro no puede ser el de la inflación, pues la tasa de inflación incluso desciende mientras el desempleo siga siendo elevado y los países de la zona euro extremen su política de ahorro y hundan el gasto social. Cuanto más conduzca el gobierno federal a sus socios de la Unión Europea a la recesión con sus dogmas de ahorro, menor será el riesgo de inflación.

Nadamos en dinero y no avanzamos ni un sólo paso. Al contrario, la danza de los mercados continúa, pues hasta abril han de refinanciarse los bonos públicos de España, Italia y, no en último lugar, Francia con cientos de miles de millones de euros en juego. La política monetaria del BCE, en principio expansiva, es conducida con la ideología de ahorro por un camino extraviado, tan equivocado como caro, del cual se aprovechan unos cuantos centenares de bancos. Y, al mismo tiempo, es contrarrestada por una política fiscal en extremo restrictiva.


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ENTENDER LA DEUDA PÚBLICA, por P.Krugman

En 2011, como en 2010, Estados Unidos experimentaba una recuperación técnica, pero seguía sufriendo un desempleo desastrosamente alto. Y a lo largo de la mayor parte de 2011, como en 2010, casi todas las conversaciones en Washington giraban en torno a otra cosa: el problema supuestamente urgente de reducir el déficit público.

Los países con Gobiernos estables y responsables han sido capaces de vivir con niveles de deuda elevados

Este enfoque inapropiado dice mucho sobre nuestra cultura política, en concreto sobre lo desconectado que está el Congreso del sufrimiento de los estadounidenses de a pie. Pero también revela algo más: cuando la gente en Washington habla de déficits y deuda, la inmensa mayoría no tiene ni idea de lo que está hablando, y la gente que más habla es la que menos entiende.

Lo más evidente es quizá que los “expertos” económicos en los que confía gran parte del Congreso han estado totalmente equivocados una y otra vez sobre los efectos a corto plazo de los déficits públicos. La gente que obtiene sus análisis económicos de instituciones como la Fundación Heritage lleva esperando desde que el presidente Obama asumió el cargo a que el déficit público disparase los tipos de interés. El día menos pensado.

Y mientras ha estado esperando, esos tipos han descendido hasta mínimos históricos. Se podría pensar que esto llevaría a los políticos a cuestionar su elección de expertos (es decir, se podría pensar eso si no supiéramos nada sobre la política posmoderna no basada en hechos).

Pero Washington no se confunde solo en lo que respecta al corto plazo; también está confundido acerca del largo plazo. Porque aunque la deuda pueda ser un problema, la forma en que nuestros políticos y lumbreras piensan en la deuda es incorrecta y exagera el tamaño del problema.

Los que se preocupan por el déficit retratan un futuro en el que nos vemos empobrecidos por la necesidad de devolver el dinero que hemos tomado prestado. Ven a EE UU como una familia que pidió una hipoteca demasiado alta y que se ve en apuros para pagar las cuotas mensuales. Sin embargo, esta es una analogía realmente mala por lo menos en dos sentidos.

En primer lugar, las familias tienen que devolver su deuda. Los Gobiernos, no; todo lo que tienen que hacer es asegurarse de que la deuda aumenta más lentamente que su base imponible. La deuda de la II Guerra Mundial nunca se devolvió; sencillamente, se fue volviendo cada vez más irrelevante, a medida que la economía estadounidense crecía, y con ella, la renta sometida a tributación.

En segundo lugar, y esto es lo que nadie parece entender, una familia excesivamente endeudada debe dinero a otra persona; la deuda estadounidense es, en gran medida, dinero que nos debemos a nosotros mismos.

Esto era claramente cierto en el caso de la deuda en que incurrimos para ganar la Segunda Guerra Mundial. Los contribuyentes asumieron la responsabilidad de una deuda que era significativamente más elevada, como porcentaje del PIB, que la deuda actual; pero los titulares de esa deuda también eran los contribuyentes, como la gente que compraba bonos de ahorro. De modo que la deuda no hizo más pobre a los Estados Unidos de la posguerra. En concreto, la deuda no impidió que la generación de la posguerra experimentara el mayor aumento de la renta y el nivel de vida en la historia de nuestra nación.

Pero esta vez es diferente, ¿no? No tanto como creen.

Es verdad que ahora los extranjeros poseen grandes intereses en EE UU, entre ellos una buena cantidad de deuda pública. Pero cada dólar de participaciones extranjeras en Estados Unidos se ve igualado por 89 céntimos de participaciones estadounidenses en el extranjero. Y como los extranjeros tienden a hacer sus inversiones en Estados Unidos en activos seguros y de baja rentabilidad, EE UU gana en la práctica más por sus activos en el extranjero de lo que paga a los inversores extranjeros. Si se han hecho la idea de que es un país profundamente endeudado con los chinos, les han informado mal. Y tampoco estamos avanzando rápidamente en esa dirección.

Claro que el hecho de que la deuda federal no implique ni mucho menos que el futuro de Estados Unidos esté hipotecado no quiere decir que la deuda no sea perjudicial. Para pagar los intereses hay que recaudar impuestos, y no hay que ser un ideólogo de derechas para reconocer que los impuestos suponen algún coste para la economía, aunque solo sea porque apartan los recursos de las actividades productivas y los desvían hacia la elusión y la evasión de impuestos. Pero estos costes son mucho menos trágicos de lo que la analogía de la familia excesivamente endeudada podría dar a entender.

Y esa es la razón por la que los países con Gobiernos estables y responsables -o sea, Gobiernos que están dispuestos a elevar moderadamente los impuestos cuando la situación lo exige- han sido por regla general capaces de vivir con niveles de deuda mucho más elevados de lo que la opinión convencional nos induciría a pensar. Gran Bretaña, en concreto, ha tenido una deuda superior al 100% del PIB durante 81 de los últimos 170 años. Cuando Keynes escribía sobre la necesidad de gastar para salir de una depresión, Gran Bretaña estaba más endeudada que cualquier país desarrollado hoy en día, con la excepción de Japón.

Naturalmente, EE UU, con su movimiento conservador furibundamente antiimpuestos, podría no tener un Gobierno que sea responsable en ese sentido. Pero en ese caso, la culpa no es de la deuda, sino nuestra.

De modo que, sí, la deuda es importante. Pero en estos momentos hay cosas más importantes. Necesitamos más, no menos, gasto público para sacarnos de la trampa del desempleo. Y la terca y desinformada obsesión con la deuda se interpone en el camino.

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